Es evidente que ni los llamamientos de este Sindicato de Prensa del Chaco ni los de otros sectores institucionales y sociales tuvieron eco a la hora de reclamar respeto para la labor de los periodistas chaqueños, ya que las agresiones y amenazas no sólo continuaron, sino que incluso sumaron episodios de mayor gravedad en los últimos días.
Esta semana, Luis Mancini, de Radio Río de Villa Río Bermejito, tuvo que denunciar ante la policía las amenazas de muerte lanzadas contra él y su familia por parte de individuos aparentemente ligados al intendente Lorenzo Heffner, denunciado penalmente también por sectores indígenas que lo acusan de prácticas racistas.
El lamentable suceso se habría producido después de que Mancini hablara en su programa radial sobre la evolución patrimonial del jefe comunal del lugar con datos aportados por la comunidad de la Villa. En su denuncia sobre las amenazas sufridas, Mancini dio nombres y apellidos de los dos sujetos que lo intimidaron.
El otro caso de gravedad se dio en la ciudad de Villa Berthet, donde hace días el periodista Fabio Rodríguez Mayo, quien conduce el programa “La Voz del Pueblo” desde esa localidad por Cadena Sur, dio a conocer una serie de interferencias que lo sacaban del aire, además de amenazas, y endilgó la responsabilidad a sectores ligados al intendente Gustavo García. Ahora, el propietario de la Radio, Pedro Edgardo Farías, denunció un nuevo hecho de “amedrentamiento que condiciona la libertad de expresión” por parte de “un grupo de militantes del intendente García que se concentraron frente al edificio de FM Cristal con fines poco claros en el horario del programa de Rodríguez Mayo”. Farías denunció el caso ante la policía local por lo que la fuerza pública tuvo que apostarse en el lugar ante la tensión que se había generado, para asegurar la integridad de quienes trabajaban en ese medio de comunicación.
Rodríguez Mayo, cuando se retiró de la emisora, debió hacerlo con custodia policial, y aun así fue agredido verbalmente y se le arrojaron objetos contundentes.
En Las Palmas hubo otro hecho de censura cuando una FM decidió levantar un programa conducido por Eric Suárez por presunta presión de la intendencia local, molesta por una investigación sobre el destino de fondos nacionales recibidos por esa comuna.
Antes de estos hechos, en Resistencia, el corresponsal del Canal 26, Leandro Ceroni, también fue agredido por personas que supuestamente pertenecían al Ministerio de Educación, molestas por la cobertura que el periodista hacía del conflicto en la Escuela de Bellas Artes, y hubo amenazas a otros cronistas.
Todo se da luego de que esta entidad sindical reclamara a candidatos y funcionarios públicos el respeto por la labor periodística, pero ni esta demanda ni la resolución aprobada por la Legislatura instando a cesar las “agresiones e intimidaciones hacia trabajadores de prensa que ponen en peligro la libertad de expresión y el derecho social a la información” tuvieron resultado.
Pero si la persistencia en su actitud de quienes actúan movidos por la intolerancia y la ambición es condenable, mucho más lo es la total falta de acción de los organismos competentes para frenar y condenar estos episodios lamentables, que suman un indicador más para medir la ausencia de democracia real en el Chaco.
Ni el gobierno provincial ni la justicia actúan decididamente para poner coto a los permanentes ataques a la libertad de expresión, y la Legislatura sigue adeudando una ley que democratice el uso de fondos públicos volcados a los medios de comunicación. Más de lo mismo en una provincia que sigue su marcha cuesta abajo, desconociendo los derechos más elementales que debieran regir en un auténtico Estado democrático.
Sergio O. Schneider
Esta semana, Luis Mancini, de Radio Río de Villa Río Bermejito, tuvo que denunciar ante la policía las amenazas de muerte lanzadas contra él y su familia por parte de individuos aparentemente ligados al intendente Lorenzo Heffner, denunciado penalmente también por sectores indígenas que lo acusan de prácticas racistas.
El lamentable suceso se habría producido después de que Mancini hablara en su programa radial sobre la evolución patrimonial del jefe comunal del lugar con datos aportados por la comunidad de la Villa. En su denuncia sobre las amenazas sufridas, Mancini dio nombres y apellidos de los dos sujetos que lo intimidaron.
El otro caso de gravedad se dio en la ciudad de Villa Berthet, donde hace días el periodista Fabio Rodríguez Mayo, quien conduce el programa “La Voz del Pueblo” desde esa localidad por Cadena Sur, dio a conocer una serie de interferencias que lo sacaban del aire, además de amenazas, y endilgó la responsabilidad a sectores ligados al intendente Gustavo García. Ahora, el propietario de la Radio, Pedro Edgardo Farías, denunció un nuevo hecho de “amedrentamiento que condiciona la libertad de expresión” por parte de “un grupo de militantes del intendente García que se concentraron frente al edificio de FM Cristal con fines poco claros en el horario del programa de Rodríguez Mayo”. Farías denunció el caso ante la policía local por lo que la fuerza pública tuvo que apostarse en el lugar ante la tensión que se había generado, para asegurar la integridad de quienes trabajaban en ese medio de comunicación.
Rodríguez Mayo, cuando se retiró de la emisora, debió hacerlo con custodia policial, y aun así fue agredido verbalmente y se le arrojaron objetos contundentes.
En Las Palmas hubo otro hecho de censura cuando una FM decidió levantar un programa conducido por Eric Suárez por presunta presión de la intendencia local, molesta por una investigación sobre el destino de fondos nacionales recibidos por esa comuna.
Antes de estos hechos, en Resistencia, el corresponsal del Canal 26, Leandro Ceroni, también fue agredido por personas que supuestamente pertenecían al Ministerio de Educación, molestas por la cobertura que el periodista hacía del conflicto en la Escuela de Bellas Artes, y hubo amenazas a otros cronistas.
Todo se da luego de que esta entidad sindical reclamara a candidatos y funcionarios públicos el respeto por la labor periodística, pero ni esta demanda ni la resolución aprobada por la Legislatura instando a cesar las “agresiones e intimidaciones hacia trabajadores de prensa que ponen en peligro la libertad de expresión y el derecho social a la información” tuvieron resultado.
Pero si la persistencia en su actitud de quienes actúan movidos por la intolerancia y la ambición es condenable, mucho más lo es la total falta de acción de los organismos competentes para frenar y condenar estos episodios lamentables, que suman un indicador más para medir la ausencia de democracia real en el Chaco.
Ni el gobierno provincial ni la justicia actúan decididamente para poner coto a los permanentes ataques a la libertad de expresión, y la Legislatura sigue adeudando una ley que democratice el uso de fondos públicos volcados a los medios de comunicación. Más de lo mismo en una provincia que sigue su marcha cuesta abajo, desconociendo los derechos más elementales que debieran regir en un auténtico Estado democrático.
Sergio O. Schneider
Orlando Núñez
Secretario de Derechos Humanos Secretario General
Secretario de Derechos Humanos Secretario General
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